"Contar la verdad": el clamor de los líderes de la paz a las Farc

La detención de Álvaro Uribe generó un tsunami político, pero sobre todo impactó profundamente a su principal adversario: la Farc. Los críticos de la decisión de la Corte Suprema rechazan la asimetría que existe en el juzgamiento del expresidente -hoy en casa por cárcel- frente a los líderes de la desmovilizada guerrilla que gozan de libertad y son congresistas o están prófugos de la ley, como Jesús Santrich.

Las mismas Farc expresaron ese temor. En dialógo con SEMANA, Victoria Sandino, una de sus líderes hoy en el Congreso, aseguró que "las preocupaciones enormes (del partido) están relacionadas con las medidas que pueda tomar el partido de gobierno en el sentido de querer buscar el revanchismo".

Más allá de ellos, hay un sector del país que pide que el grupo guerrillero esté a la altura de los compromisos que firmaron en La Habana. Justo unos días antes de la detención de Uribe, los mismos representantes de las Farc habían generado un enorme revuelo. El principal tenía que ver con la negación que había hecho Sandra Ramírez de la existencia del delito de reclutamiento armado en sus filas. A esa declaracion se sumó Rodrigo Londoño, quien aseguró que a ese grupo subversivo los menores entraban voluntariamente. 

"¿Cuáles eran las normas en las Farc? El ingreso voluntario, yo empecé a los 17 años, a mí no me reclutaron ni me llevaron a las malas... Había casos de gente que llegaba engañada, incluso personas que llegaron enamoradas, lo cual era una complicación por que la gente debía llegar convencida de lo que iba hacer para poder aguantar las limitaciones, los sufrimientos y las dificultades de ese tipo de lucha. Poner al Estado en jaque en determinado momento, no se podía lograr con gente reclutada a las malas", le dijo a la periodista Vicky Dávila.

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Apenas se conoció la decisión sobre Uribe, las críticas a esa posición de las Farc crecieron. La voz más fuerte la tuvo el mismo expresidente Juan Manuel Santos. Para él, al no reconocer estos hechos, los líderes de ese partido están “jugando con candela”. El nobel de paz también aseguró que reconocer la verdad en las instancias que se acordaron es esencial para que puedan continuar su vida política desde la legalidad. “Deben ir ante la Justicia Especial de Paz y ahí hacer el reconocimiento y pedir perdón, porque si no lo hacen pierden sus beneficios jurídicos”.

Las dilaciones que ese grupo ha tenido en esos tribunales preocupan a los más cercanos al acuerdo. A raiz de esta polémica se supo, por ejemplo, que el expediente ante la JEP ha estado empantanado desde hace diez meses por recursos de los abogados de la desmovilizada guerrilla. A pesar de que hace casi un año —el 24 de octubre de 2019— la JEP llamó a versión a los primeros desmovilizados por ese tema, no se ha podido escuchar ni a uno solo de ellos por recusaciones y recursos que han sido interpuestos. 

El día 19 de noviembre de 2019, los abogados de las Farc presentaron varias recusaciones contra el magistrado Iván González. La sala de ese togado negó las recusaciones el 26 de noviembre de 2019 señalando que eran totalmente improcedentes. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2019, los defensores de las Farc interpusieron recursos de reposición y apelación contra la decisión que negó las recusaciones.

Otro de los que ha hecho este llamado fue el mismo jefe negociador del proceso con la guerrilla, Humberto de la Calle. En entrevista con SEMANA aseguró que “es desacertado, es un mensaje muy malo, le hace daño a ellos mismos y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Tratar de eludir esas responsabilidades no es justamente una de las bases de lo que se acordó en el Teatro Colón”.

Así mismo, el senador Iván Cepeda muy cercano al proceso, dijo recientemente que “el reclutamiento de niños y niñas en los conflictos armados es un delito que quedó incluido en el acuerdo final, y sobre el que la sociedad colombiana espera plena verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.

Además, en entrevista con María Jimena Duzán en Semana en Vivo comentó que “si no hay verdad y justicia la reparación para las víctimas no será sólida y eso lo saben tanto quienes negociaron el acuerdo por parte de Farc, como quienes negociaron el acuerdo por parte del Estado, porque también hay compromiso de agentes del Estado en esto”.

El congresista también resaltó el valor de la JEP mencionando que “no hay en el mundo entero ninguna experiencia de un grupo rebelde y de unas fuerzas militares y de un Estado que se hayan comprometido en crear un tribunal para ser juzgados y para ser condenados y para tener que reparar a sus víctimas. Esta es una experiencia pionera en el mundo y yo creo que se ha venido evolucionando a través del tiempo”.

Precisamente, María Jimena Duzán escribió en su columna de esta semana que “decir que no hubo reclutamiento forzado en la guerrilla de las Farc porque nunca fue una política del secretariado –como muchos lo han dicho–, es lo mismo que decir que en el Ejército no hubo falsos positivos porque eso de matar civiles para presentarlos como muertos en combate no aparece planteado de manera expresa como una política de Estado”.

Agregó que "como van las cosas, es probable que en un año y medio, cuando el país esté en plena campaña presidencial, en la JEP exista este escenario: cerca de 200 sentencias tramitadas en contra de la fuerza pública, pero ninguna en contra de las Farc. Semejante asimetría le serviría al uribismo de munición no solamente para ganar las elecciones, sino para confirmar su tesis de que la JEP fue hecha para garantizarle la impunidad a las Farc". 

El senador Roy Barreras, por su lado, le dijo a SEMANA que "así como las Farc tienen que reconocer sus delitos en la guerra, porque la guerra por supuesto genera muchas atrocidades, también lo tienen que hacer los militares que fueron financiados y que tienen mucho que decir sobre los terceros y también lo tienen que decir los agentes del Estado". Agregó que  "si no dicen la verdad serán expulsados". 

Frank Pearl, que hizo parte del equipo negociador, comentó que "como alguien que se la jugó por más diez años para sacar adelante el Acuerdo de Paz, tengo el deber moral de exigirle a las Farc, y a todos los actores del conflicto, que digan la verdad sin tapujos. Negar los hechos que son evidentes y que ocurrieron en el conflicto es una afrenta a las víctimas y Colombia no está dispuesto a tolerar eso". 

Hasta el momento la única de la colectividad que lo ha reconocido fue Victoria Sandino, quien reconoció hace unos días que "estos hechos se presentaron en la organización, no conozco a profundidad los hechos y estoy segura de que se presentaron porque estábamos en el marco del conflicto y tenían armas y eran hombres machistas, patriarcales también". 

Por otro lado, la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez dijo en los últimos días que el reclutamiento de menores se mantiene por parte de grupos ilegales y cuestionó que los miembros del partido Farc sigan negando este hecho.

Las declaraciones de Gutiérrez se dieron en medio del lanzamiento del programa Súmate por mí, por medio del cual el Gobierno buscará impactar unas 200 zonas del país en donde se ha identificado que es más fuerte la presencia de los grupos armados y se siguen registrando el reclutamiento de menores para el conflicto armado.

En el evento, el presidente Duque también se refirió al tema diciendo que “es importante que todos rechacemos cualquier práctica o acción que busque el reclutamiento de menores, su uso y su abuso, porque nuestro país no puede tener debates ideologizados. Aquí la protección de los niños es una sola y es una causa de todas las instituciones”.

En entrevista con SEMANA, el presidente Duque cuestionó la efectividad de la jurisdicción especial y le pidió mayor celeridad diciendo que “vamos a cumplir ya prácticamente tres años desde el funcionamiento de la JEP y la pregunta es ¿dónde está toda la verdad? (...) ¿Dónde está la información, la verdad y la reparación frente al reclutamiento de niños?".